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Administración Pública en las manos del Gobierno

El presidente Hugo Rafael Chávez Frías decretó cuatro leyes que centralizan aún más la Administración Pública y que dejan a un lado el sentir de la ciudadanía

SERGIO FERREIRA S (*)
 

Sin lugar a dudas, las leyes referentes a la Administración Pública que fueron aprobadas vía habilitante por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, han sido motivo de gran controversia debido a la centralización que implica cada una de dichas decisiones.

El artículo 70 de Ley Orgánica de la Administración Pública establece: “el Presidente de la República podrá designar autoridades regionales, las cuales tendrán por función la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio, aprobados conforme a la planificación centralizada así como las demás atribuciones que les sea fijada de conformidad con la Ley, asignándoles los recursos necesarios para el eficaz cumplimiento de su objetivo”.

Según dicho decreto, el presidente de la República tiene la potestad de designar autoridades regionales que podrían tomar decisiones por encima de aquellos individuos que hayan sido elegidos democráticamente, dejando a un lado el sentir de un pueblo expresado por la vía electoral. Con respecto a dicho artículo, el General Isaias Baduel señaló que esto deja a los gobernadores y alcaldes como “virtuales pintados en la pared o jarrones chinos”; ya que “ese individuo que yo elija quedará como un vulgar espantapájaros, como una figura decorativa y el que verdaderamente mandará será la ‘autoridad regional’ designada por Chávez a dedo”.

Igualmente, la Ley Orgánica de Administración Pública establece la institucionalización de las Misiones Sociales a fin de crear instancias administrativas, funciones y presupuesto para la ejecución de determinados proyectos. Esto ha tenido el rechazo de buena parte de la ciudadanía pues aseguran que las misiones son un mecanismo para robarle dinero a la nación, al ofrecer servicios deficientes.

Asimismo, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías decretó la creación del Fondo Social para la Captación y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública Nacional, ley según la cual aquellos entes de la Administración Pública no relacionados con actividades de hidrocarburos tales como institutos públicos, fundaciones y asociaciones civiles, deberán destinar sus excedentes para proyectos de inversión social.

El abogado representante de la Procuraduría General de la República, Asdrúbal Blanco, aseguró que la creación de este Fondo Social es positivo, pues busca “proveer recursos a los entes ejecutores para el pago de proveedores y contratistas para la ejecución y desarrollo de programas y proyectos sociales”. Sin embargo, no todos piensan igual. La candidata por la alcaldía de Chacao de Un Nuevo Tiempo (UNT), Liliana Hernández, afirma que esta ley va en contra de la descentralización: “se crea un fondo dependiente, no de los ciudadanos, de las alcaldías y las gobernaciones, sino de la Comisión Central de planificación, que la preside el Ejecutivo Nacional a través del vicepresidente, quien le va a rendir cuentas al Presidente de la República, lo que significa que a las gobernaciones y gobiernos locales no le van a dar el situado constitucional, secuestrando la posibilidad de los gobierno regionales y locales de prestar mejor calidad de vida y servicio a los ciudadanos”.

Según el ex candidato a la Asamblea Nacional y asesor de varios despachos ejecutivos en gobiernos anteriores, Gustavo Linares Benzo, una de las leyes más graves decretadas por el presidente Chávez es la Ley de Administración Financiera del Sector Público, que regula cómo se hace el presupuesto de la nación y cómo se endeuda el país.

En dicha ley se establece que “los institutos autónomos y los institutos públicos cuyo objeto principal sea la actividad financiera, así como las sociedades mercantiles del Estado, están exceptuados del requisito de ley especial autorizatorio (sic) para empezar operaciones de crédito público".

Linares Benzo explica que dicha modificación a la ley es negativa: "los institutos autónomos y las empresas del Estado no necesitan a partir de este momento una ley de la Asamblea Nacional para endeudarse. Lo pueden hacer entre gallos y medianoche con la simple aprobación del Presidente de la República".

Ajuicio de Benzo, esto podría traer serios inconvenientes para el presupuesto de la nación. Por último, la nueva Ley de Simplificación de Trámites Administrativos se fundamenta en adaptar los trámites a la forma más sencilla posible, reduciendo las exigencias y requisitos y dándole mayor importancia a la buena fe de la ciudadanía. Parte de ello es la eliminación de autorizaciones innecesarias o solicitudes excesivas de información, así como también la prohibición de exigir copias certificadas actualizadas de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción.


(*) Estudiante de Counicación Social