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Decretos-Ley provocan un retraso en materia económica

Mientras las naciones desarrolladas buscan la inversión del sector privado como forma de mejorar la economía, Venezuela aprueba nuevas leyes que lo retroceden a la era del trueque

ELVIA ROJO (*)

La centralización del poder a manos del Estado es lo que preocupa a los expertos en materia económica, ya que limita el campo de acción del sector privado. En opinión del ex director del Banco Central de Venezuela, Maza Zavala, las nuevas leyes no cambian el rol del Estado, “sino que el espacio económico bajo el dominio del Estado se amplía a expensas del sector privado”.

Los ministerios, mediante la designación del Presidente de la República, son los órganos rectores de las nuevas formas de organización e instituciones financieras. El poder de las asociaciones comunitarias se limita a su espacio territorial por un tiempo determinado.

Además, la creación de un sistema alternativo de intercambio, las formas de organización comunitaria y la creación de una moneda comunal son algunos aspectos que reforman el sistema económico actual, que restan fuerza al sector productivo y desmejora la capacidad industrial nacional.

En los cuatro decretos-ley relacionados con Economía y Finanzas aparecen reflejados Aparecer reflejados conceptos, que tienen gran similitud con algunos aspectos propuestos en la Reforma Constitucional rechazada el pasado diciembre por el voto popular. Entre ellos destacan:

  • El predominio de los intereses comunes sobre los individuales.
  • Formas de empresas y unidades económicas: propiedad colectiva, propiedad social indirecta.(Artículo 112 de la Propuesta de Reforma Constitucional)

La Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular

Esta ley pretende crear un modelo socioproductivo comunitario donde las comunidades se organizan para satisfacer necesidades sociales, de acuerdo a ocho formas de organización comunitaria:

  • Empresa de propiedad social directa o comunal: unidad productiva ejercida en un ámbito territorial demarcado en una o varias comunidades, donde los medios son los de la colectividad.
  • Empresa de propiedad social indirecta: unidad cuya propiedad es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad.
  • Empresa de producción social: unidad de trabajo colectivo para la producción de bienes y servicios.
  • Empresa de distribución social: unidad de trabajo colectivo para la distribución de bienes y servicios.
  • Empresa de Autogestión: unidad cuyos miembros participan directamente en la gestión de la empresa con sus propios recursos.
  • Unidad Productiva Familiar: organización socioproductiva integrada por miembros de una misma familia.
  • Grupo de Intercambio Solidario: conjunto de prosumidores (personas que producen, distribuyen y consumen bienes o servicios) que participan en sistemas alternativos de intercambio solidario.
  • Grupo de Trueque Comunitario: Se establece para ello la creación de Sistemas Alternativos de Intercambio Solidario, donde los prosumidores realizan intercambios en un tiempo y espacio determinados “sin el uso de la moneda legal en territorio nacional y con prohibición de carácter financiero como el cobro de intereses y comisiones”.

Existen así 2 formas:

  • Trueque comunitario directo: modalidad de intercambio de saberes, bienes y servicio con valores mutuamente equivalentes, sin necesidad de un sistema de compensación o mediación.
  • Trueque comunitario indirecto: modalidad de intercambio con valores distintos y requieren de una moneda comunal para establecer la equivalencia.

La moneda comunal estará regulada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y será administrada por los mismos prosumidores. Sólo tendrá valor dentro de una unidad territorial y no tendrá curso legal. Su valor se determinará según la moneda oficial.

Esta ley atenta contra el artículo 318 de la Constitución vigente, la cual establece que “las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela”. Además agrega que la unidad monetaria es el Bolívar.

De acuerdo con la nueva Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y demás Unidades de Producción Social, el Estado regula el desarrollo integral por medio de la promoción y financiamiento de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Producción Social (consejos comunales, unidades productivas familiares y otras formas de asociación comunitaria), tanto nacionales como extranjeras.

También se crea la posibilidad de emplearse “otras formas de pago por equivalente y alternativas a la moneda”, donde se menciona una autorización previa sin quedar claro quién es el ente encargado de dicha autorización, ni cuáles son las condiciones del pago.

Conceptos como “emprendedores” y “conglomerados industriales” fueron eliminados del contexto. Además, el Estado debe promover el acceso en los distintos procesos de intercambio socioproductivo mencionados en el decreto.

La Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras

Representa una reforma del artículo 318 de la Constitución. Mediante la autorización del Presidente y a solicitud de un Ministro, puede efectuarse por cualquier medio la transferencia de bienes del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) a la República, gratuito u oneroso, previo requerimiento de un avalúo.

La Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela coloca en manos del BANDES las competencias del Fondo Inmobiliario de Venezuela (FIV). Este organismo se encargará de promover el desarrollo económico y social, y de financiar las inversiones sociales y productivas nacionales e internacionales de acuerdo con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Al mismo tiempo, los procesos de enajenación de bienes y desincorporación de activos no se regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica que los regula, sino que estarán sometidas a la normativa interna que se establezca.

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