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En tela de juicio se encuentran las nuevas leyes agrícolas

Discrepancia de opiniones han generado las nuevas leyes agrícolas aprobadas por la Asamblea Nacional. La ciudadanía se pregunta si las leyes fueron pensadas para beneficiar a los productores o es una manera de otorgar más poder al Estado sobre el sector económico

  ALEJANDRA GRANADILLO (*)

Cinco de los 26 decretos-ley aprobados por el presidente de la República están relacionados con el fomento e incentivo de la actividad agrícola. El sector gubernamental las defiende como garantías de una “alimentación digna”; el sector privado considera que ponen en peligro derechos fundamentales; y líderes de la oposición las acusan de ser excesivamente centralistas.

De acuerdo con la presidenta de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara), Sandra Montes, entre los beneficios adquiridos con estas cinco leyes están promover la formación, la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno como piezas claves para el desarrollo del sector agroproductivo. Por su parte, la diputada Maigualida Barrera acotó que el conjunto de leyes habilitantes agrarias le confieren al Estado la potestad de actuar cuando se vea afectado el derecho del pueblo a disfrutar de una alimentación digna.

Por otro lado, el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Alimentación (Cavidea), Pablo Baraybar, ha afirmado que, a pesar de que las leyes tienen aspectos positivos, violan los principios de la libertad económica, la propiedad privada, el debido proceso y el derecho a la defensa, entre otros.

Ángel Alayón, asesor legal de Cavidea, aseveró que estas leyes incrementan “la intervención centralizada y la consecuencia directa de ello es un menor nivel de seguridad alimentaria para la población".

Julio Borges, principal rostro del partido político Primero Justicia, tras realizar un análisis a las leyes habilitantes relacionadas con la alimentación, aseguró que estas propagarán la inflación e inseguridad alimentaria.

“El Gobierno controla qué se siembra, cómo se siembra y cómo se comercializa, qué se vende y qué se compra en la producción de alimentos, a través de un intervención centralizada de la economía, donde se anula la libertad de elegir al productor agrícola y se afecta adicionalmente su propiedad”, expuso Borges.

Una mirada a las 5 leyes agrícolas

La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria
tiene como objetivo erradicar las interferencias entre los productores y los consumidores, para eliminar problemas como el acaparamiento, la especulación y la presión inflacionaria.

La Ley de Salud Agrícola Integral intenta reforzar la ley sobre Defensas Sanitarias Vegetal y Animal, promulgada el 18 de junio de 1941. A través de este instrumento jurídico, se crea el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) que sustituye al Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA). El nuevo organismo contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, y estará adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

Por su parte, la Ley de Crédito para el Sector Agrario promete a los productores agrícolas acceso a un financiamiento oportuno y asistencia especializada para mejorar la producción.
La Ley del Banco Agrícola de Venezuela confiere a esta institución bancaria la regulación del financiamiento agrario.

El Banco Agrícola podrá otorgar créditos por lapsos superiores a los establecidos para los bancos y demás instituciones financieras regidas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, con el objeto de insertar a los productores agrícolas que hayan quedado excluidos del sistema financiero.

Finalmente, la Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas de Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, asistiría al productor que posee deudas con créditos agrícolas, para reimpulsar su actividad productiva y así evitar que abandone el campo.

(*) Estudiate de Comunicaciòn Social