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Gobierno y Consejos Comunales tendrán más competencias

Con la nueva ley el Estado deberá aprobar todas las promociones publicitarias que se efectúen en el país, tendrá la potestad de expropiar establecimientos y podrá reducir los precios de los productos de primera necesidad. Los consejos comunales tendrán poder para fiscalizar y recibirán el dinero proveniente de las multas y venta de productos decomisados

LIGIA VILLAMEDIANA (*)
 
Con la aprobación de la Ley de Defensa de las Personas quedaron derogados dos instrumentos jurídicos promulgados recientemente: la Ley de Protección al Consumidor y el Usuario (2004) y el decreto con fuerza de Ley de Defensa contra el Acaparamiento (2007).

Este decreto-ley aprobado por vía habilitante confiere al Estado la potestad de expropiar aquellos establecimientos que restrinjan la oferta, circulación o distribución de alimentos, bienes y servicios declarados de primera necesidad.

De acuerdo con el artículo 5 de esta ley, el Ejecutivo Nacional “podrá dictar medidas necesarias de carácter excepcional, en todo o en parte del territorio nacional, destinadas a evitar el alza indebida de precios, acaparamiento y boicot de productos o servicios declarados de primera necesidad o establecer reducciones en los precios de bienes y tarifas de servicios declarados de primera necesidad”.

A juicio del abogado constitucionalista Gerardo Fernández, la Ley de Defensa de las personas viola el artículo 115 de la Carta Magna al dejarse abierta la posibilidad de confiscar y de lograr adquisiciones forzosas, lo que atenta contra la propiedad.

Por su parte, el dirigente del partido Primero Justicia Julio Borges considera este decreto-ley reivindica buena parte del contenido de la propuesta de reforma a la Constitución Nacional rechazada que por la población en el referéndum consultivo del diciembre de 2007.

En opinión del viceministro de Comercio Exterior, Cruz Martínez, este instrumento legal permitirá al Gobierno “luchar contra la inflación, abordando la conducta especulativa que existe en la cadena productiva”.

Nuevas sanciones

La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios, establece multas de entre 100 y 5 mil Unidades Tributarias (Bs.F. 4.600 y 230.000). También se establecen otro tipo de sanciones, que van desde la asistencia obligatoria a charlas hasta la intervención del establecimiento por un lapso de 90 días o de forma definitiva. De acuerdo a la gravedad del delito, se podrán incluso aplicar penas de dos a diez años de prisión.

Los infractores que no paguen la multa en el plazo establecido tendrán que someterse a un Juicio Ejecutivo, con arreglo al procedimiento de Ejecución de Créditos Fiscales, establecido en el Código de Procedimiento Civil.

Indepabis sustituye al Indecu

El presidente de Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) Roberto León Parilli coincide con Fernández en el carácter inconstitucional de este decreto. A su juicio, en esta ley desaparece la conciliación, “único elemento capaz de de reparar un daño y al no haberla, el organismo sólo queda para aplicar multas, sanciones y fiscalizaciones”.
La nueva ley crea el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), en sustitución del Instituto Nacional para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (Indecu). Indepabis trabajaría en conjunto con los consejos comunales de cada sector.

A Paerilli le preocupa que el Indepabis, a diferencia del Indecu, sea una dependencia de un Ministerio y no un organismo con personalidad jurídica propia.

Una de las nuevas competencias que tiene este instituto es aprobar todas las promociones publicitarias antes de que se den a conocer al público.

Para el presidente del Indepabis, Eduardo Samán, esta medida protege al consumidor. Sin embargo, representantes del sector publicitario creen que esto podría hacer más lento los procesos si Indepabis no se da abasto con el número de solicitudes por aprobar.

Para el asesor jurídico de la Asociación Nacional de Anunciantes, Juan Manuel Raffalli, esta norma “burocratiza el mecanismo de hacer ofertas, lo que seguramente generará que los anunciantes se inhiban de realizar promociones; indudablemente, con esta disminución el principal perjudicado será el consumidor”.

Más poder para los consejos comunales

El viceministro de Comercio Interior, Cruz Martínez, explica que con esta Ley los consejos comunales compartirán con el Indepabis ls responsabilidad de las fiscalizaciones.

Según Martínez, los procedimientos emprendidos por Indepabis y los Consejos Comunales, serán “más expeditos, hasta el punto de tener audiencias públicas que nos darán a oportunidad de llegar a mecanismos de acción en un momentáneo plazo”.

De acuerdo al artículo 135 de esta ley, el dinero proveniente de las multas y de la venta de los bienes decomisados deberá ingresar al Fondo Nacional de los Consejos Comunales en un plazo de cinco días hábiles.

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(*) Coordinadora de Tecnología Aplicada
Dirección de Tecnologías de la Información (UCAB