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La propiedad familiar será el nuevo modelo de propiedad privada

La crisis habitacional en Venezuela aumentó con las lluvias de los últimos meses. Actualmente, el déficit llega a dos millones de viviendas y el Gobierno propone medidas infértiles para solucionar el problema

VERÓNICA V. RODRÍGUEZ G. (*)

Desde los inicios del gobierno del presidente Hugo Chávez, una ola de rumores mantenía en vilo a los venezolanos: que a quien tuviera más de un apartamento le quitarían uno; que quien quisiera vender o alquilar su vivienda no iba a poder hacerlo; que los hijos no podrían heredar las propiedades de sus padres...

Hoy, doce años más tarde, la nueva modalidad de expropiaciones de viviendas, los centenares de terrenos e inmuebles ocupados de manera ilegal y la imposición a la fuerza del concepto de propiedad social que fue rechazado en las elecciones de 2007 indican que la rumorología no estaba del todo equivocada.

Ante la aprobación de la Ley de Emergencia para Viviendas y Terrenos Urbanos, el arquitecto Marco Negrón, ex decano de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, declaró al diario El Nacional (25 de enero, Caracas/2): “Hay emergencias que no tenían que haberse producido, si el Gobierno hubiera ejecutado los planes de habilitación de barrios”.

Además de culpar al Gobierno de las trágicas consecuencias de las lluvias, Negrón se mostró reticente ante las metas gubernamentales en materia habitacional: “El Presidente aspira hacer 350 mil viviendas en dos años; en doce no ha construido 300 mil”.

En los últimos años, ni siquiera los acuerdos internacionales han sido suficientes para afrontar el déficit de dos millones de viviendas. Tras firmar convenios millonarios con Bielorrusia, Brasil, China, Cuba y Turquía, entre otros, no se ha construido ni la mitad de lo acordado: con Brasil se convino construir 29.260 viviendas, de las que solo se construyeron 346, por nombrar solo un ejemplo. En contraste, el sector privado de la construcción decreció 30% el año pasado en el país. 

Mientras el Gobierno continúa derrochando el dinero en acuerdos internacionales que no llegan a nada, la producción nacional se ve cada vez más deteriorada. Muchos consideran que la solución no está en aprobar leyes de emergencia ni en valerse de la “colaboración” externa, sino en brindarles apoyo a los constructores privados para que puedan emprender proyectos habitacionales.

Con las recientes medidas gubernamentales impuestas para resolver el problema habitacional, una vez más se ve vulnerado el derecho a la propiedad. Valiéndose de la emergencia generada por las lluvias en los últimos meses del 2010, el Gobierno tuvo la excusa perfecta para cientos de expropiaciones de terrenos.

Las nuevas viviendas que supuestamente serán construidas en los terrenos expropiados se entregarán bajo el concepto de propiedad familiar, a pesar de que dicho modelo fue rechazado por los venezolanos en el referéndum del 2007, cuando se impugnó la reforma constitucional.

El ministro de Vivienda, Ricardo Molina, explicó en qué consiste la propiedad familiar, al tiempo que aseguró que el Gobierno está “en contra de la propiedad privada explotadora”. Por lo tanto, la mejor solución es abolir el modelo propiedad al que están acostumbrados los venezolanos.

Ahora, quienes reciban del Gobierno “unidades habitacionales” no tendrán la facultad de venderlas o alquilarlas, hasta que se reintegre en su totalidad la inversión realizada por el Estado. Mientras no se salde la deuda, el Estado se mantiene como propietario de las viviendas construidas, dejando a los habitantes sin derechos sobre éstas.

Los problemas relacionados con la vivienda son cada vez más comunes en las páginas de los diarios venezolanos. Entre tanto, la promesa del Presidente de construir 150 mil casas durante 2011, para cumplir con la meta de 350 mil viviendas para 2012 parece vacua, aun cuando se cuente con el apoyo de “gobiernos amigos” para su construcción.

(*) ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL