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Nuevas Leyes otorgan control de la construcción al Estado

Por un lado, las reformas le dan facultades al Estado para controlar el sector de la construcción; por otro, los ciudadanos podrían financiarse hasta el 100% de su vivienda

ELVIA ROJO (*)

Las reformas de las leyes habilitantes en materia de vivienda y hábitat le otorgan el control de la construcción de soluciones habitacionales al Ejecutivo Nacional. Con la ley, cualquier bien y/o servicio podría ser declarado “de utilidad pública e interés social”, para utilizarse en la elaboración de domicilios y fábricas de acuerdo con los lineamientos de la planificación central.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco Neri, opina que la ley es de carácter centralista e intervencionista, y que además debilita el derecho a la propiedad privada, ya que puede expropiar terrenos, empresas, y cualquier bien o servicio considerado “estratégico”, como es el caso de compañías productoras de acero y cemento, nacionalizadas por el Ejecutivo Nacional.

No sólo pueden declararse “vitales” algunos bienes y servicios, el Estado también tendrá a su cargo la planificación y programación de los planes a escala nacional, de acuerdo a las directrices del plan nacional de ordenación y desarrollo del territorio. Proyectos estatales y municipales quedan supeditados a las decisiones del Ministerio.

Francisco Sesto, Ministro de Vivienda y Hábitat, asegura que la nueva ley le otorga al ente la capacidad de avanzar con una política planificada, organizando el sistema habitacional. Además, indica que existen ventajas a nivel crediticio pues “permite que el Estado financie hasta el 100% del costo total de la vivienda".

Entre otras reformas se establece la reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) de acuerdo con el nuevo Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, aparte de la liquidación del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR).


La ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat
 

La ley tiene como objetivo del decreto es regular el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, cuya naturaleza social está basada en su carácter estratégico, indicando que “se declaran de utilidad pública e interés social todos los bienes y servicios susceptibles de ser empleados en la planificación, producción y consumo en materia de vivienda y hábitat”.

Además, el texto señala que el Ministerio de la Vivienda y Hábitat “tendrá potestad organizativa y un rol estratégico de establecimiento de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y municipal para el desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat”. Los arrendamientos inmobiliarios, la regulación del mercado de alquileres, y la constitución, modificación y supresión de las Unidades Operativas de Ejecución pasarán también a manos del despacho.


Otra de las reformas referidas en el texto tiene que ver con el crédito inmobiliario. La ley contempla que el financiamiento de los créditos hipotecarios para la compra de vivienda principal podrá ser hasta el 100% del valor del inmueble, cuando antes abarcaba un máximo de 70%. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), será el ente encargado del diseño de modelos de financiamiento, basados en el ingreso del prestatario.

En el caso de existir conflictos entre arrendadores y arrendatarios, el Ejecutivo creará una instancia mediadora y conciliadora.


Ley del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)


El Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) creado en el año 1975 y sucesor del extinto Banco Obrero, se reestructura para adaptarse al nuevo Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat), el cual promueve la organización en comunidades autogestionarias con participación protagónica en sus diferentes niveles, y cumplirá con la función de elegibilidad de los beneficiarios y adjudicación de las viviendas.

Así, el INAVI se encarga de la ejecución de planes, programas, proyectos y acciones en materia de vivienda bajo los lineamientos del Ejecutivo Nacional y en concordancia con este Sistema, respondiendo a la problemática social, habitacional, recreacional, de servicios y mejoramiento del hábitat.

La ley establece que la construcción de viviendas de interés social, cuya ejecución corresponda al INAVI, se declarará de utilidad pública. Igualmente, señala que las comunidades organizadas podrán ejercer contraloría social sobre las políticas y proyectos del Instituto.

En cuanto a las actividades de producción, se podrá efectuar la contratación de obras y servicios o a través de la participación de las comunidades. Por otra parte, el Instituto también queda extinto del pago de tasas e impuestos de importación, así como de derechos de registros y notarías.

Ley de Reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)

La ley va de la mano con la anterior, ya que regula y establece los parámetros de la reestructuración del INAVI. La misma debe durar seis meses a partir de la publicación de la ley (es decir, hasta el 31 de enero de 2009) y podrá prorrogarse sólo una vez por el mismo plazo. Allí se establecerán los reglamentos, planes, procesos, traspaso de bienes y demás funciones para su debido cumplimiento. En su disposición transitoria destaca que lo imprevisto por la ley será resuelto por el Ministro.

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(*) Estudiante de Comunicación Social